Extranjería: trámite para el arraigo social

En extranjería el trámite para arraigo social es aquel que está regulado por el Real Decreto 557/11 de 20 de abril. Este trámite ha de ser llevado a cabo por el extranjero cuando este haya permanecido, al menos, 3 años residiendo de forma continuada en España. Dentro del derecho de extranjería es un trámite muy importante, casi de los que más importancia tienen dentro de este ámbito jurídico. Es, además, uno de los procedimientos más habituales para conseguir el permiso de residencia y trabajo en España. No obstante, para conseguirlo habrá que cumplir, tal y como se estipula en la normativa mencionada, una serie de requisitos.

Antes de mencionar los requisitos particulares para que el extranjero tramite el arraigo social, merece la pena hacer mención a lo que tiene este de particular, que lo diferencia de otros procedimientos legales. En este caso se trata del hecho de que se puede realizar sin necesidad de ir a por un visado, pudiéndose llevar a cabo desde España, sin necesidad de mostrar la situación nocional de empleo, esto es, que se puede conseguir el permiso de residencia independientemente de que haya otros ciudadanos, españoles o no, que estén en situación de desempleo, esto es, que puedan aspirar al mismo puesto de trabajo.

Además del requisito de residencia de tres años en España, durante los cuales no debe haber estado fuera de España durante más de 120 días, nos encontramos con los siguientes.

 

1. No ser ciudadano de un Estado al que le sea de aplicación el régimen comunitario, ni familiar de un ciudadano de un ciudadano de estos países, sea un Estado miembro de la Unión Europea, sea de Suiza o un país del Espacio Económico Europeo.

 

2. No tener antecedentes penales en España ni en los países en los que se haya residido anteriormente delitos tipificados en el ordenamiento jurídico español.

 

3. No figurar como rechazable en los Estados miembros del Espacio Schengen ni tener prohibida la entrada en España.

 

4. Si el extranjero regresó voluntariamente a su país de origen, no debe estar dentro del plazo asumido por el extranjero para no retornar a España.

 

5. También son necesarios los vínculos familiares (cónyuge o pareja de hecho registrada, ascendientes o descendientes en primer grado y línea directa) con españoles o con otros extranjeros residentes, o bien, presentar un informe que acredite su integración social emitido por la Comunidad Autónoma o, en su caso, por el Ayuntamiento de la localidad en que resida. Si dicho informe no es emitido en 30 días, circunstancia que habrá de ser debidamente acreditada por el interesado, este requisito se podrá justificar mediante otro medio de prueba admitido en derecho.

 

6. Por último, será necesario tener un contrato de trabajo firmado por el empleador y el trabajador. Este deberá ser de un periodo de, como mínimo, un año. En este caso, el empleador o la empresa han de estar inscritos en la Seguridad Social y estar al tanto de sus obligaciones con la Seguridad Social y sus obligaciones fiscales. Asimismo, este deberá garantizar que dispone de medios económicos, personales o materiales que le permitan llevar acabo su proyecto empresarial, así como a las obligaciones que se deriven del contrato firmado y de que puede mantener su actividad económica de forma continuada.

Si el extranjero tiene medios económicos suficientes o si tiene alguna actividad económica por su cuenta, siempre que lo aconseje el informe de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Ayuntamiento, podrá quedar eximido del contrato.

Para este requisito existen otros casos particulares. Así, por la rama agraria se pueden presentar dos contratos de seis meses. También es posible presentar varios contratos en una misma ocupación, siempre que se cumpla una jornada laboral mínima de 30 horas semanales y que sean de, como mínimo, un año de duración.

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