Abogados de extranjería en pie de guerra

El pasado mes de septiembre fueron denunciados tres ministros: el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; el Ministro de Defensa, Pedro Morenés y el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Las denuncias han sido puestas por el Comité René Cassini, formado por abogados de extranjería, por un caso de presunta prevaricación cuando un grupo de inmigrantes fue expulsado a Isla de Tierra. En este caso, estos tres ministros estarían cometiendo una violación flagrante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras normas internacionales que hacen referencia a la protección de refugiados y que, en su día, fueron suscritas por España.

Dado que los 71 inmigrantes expulsados de esta manera por las autoridades españolas  no pudieron exponer las razones por las que habían emigrado de su país ante las autoridades competentes, los abogados de extranjería del Comité René Cassin arguyen que el proceso legal para la devolución fue soslayado.

A este respecto, señalan en su denuncia estos abogados de extranjería que las autoridades españolas, en este caso los tres ministros denunciados, violaron el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al exponerlos a los posibles tratos degradantes e inhumanos que pudieran sufrir. Los hechos denunciados se produjeron el día 30 de agosto, cuando los inmigrantes fueron expulsados a Marruecos. Las autoridades marroquís los dejaron en las fronteras de Argelia, por lo que no fueron repatriados a sus respectivos países de origen. 

Además de esto, la denuncia de los abogados de extranjería del  Comité René Cassin, señala que los inmigrantes ni siquiera tuvieron derecho a la asistencia inmediata de un abogado, algo en lo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho hincapié.

Por último, tal y como dicta el Derecho Internacional, los Estados están obligados a no devolver a persona alguna, sea directa o indirectamente, a lugares en los que su vida pueda correr peligro.

Así pues, la denuncia del comité de abogados de extranjería, tiene su base jurídica en el Derecho Internacional, siendo una denuncia por prevaricación por parte de los tres ministros mencionados, que dictaron, presuntamente, una resolución arbitraria a sabiendas.

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